Situémonos en el siglo XVI con Carlos V, pero especialmente con Felipe II. Existieron varias desamortizaciones de bienes eclesiásticos, tanto de Órdenes religiosas como de Monasterios y de Catedrales. Lo curioso estriba en que estas desamortizaciones no siguieron ningún proceso legal específico; las decretaba simplemente el Rey, una vez obtenida la autorización genérica del Papa. Así, se desamortizaron, sobre todo, bienes en régimen de señorio eclesiástico que pasaron primero a la Corona y luego a particulares, constituyendo nuevos señorios laicos.
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Por la acción directa del Fiscal del Consejo de Castilla, sobre todo en aquellos casos en que los bienes debían revertir en la Corona.
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Por la acción de los propios pueblos del Señorio Eclesiástico desamortizado, en un “pleito o juicio de tanteo” para fijar precio y derechos.
En ambos casos se hablaba de “Pleitos de Reversión”, cuyo objeto era que los bienes eclesiásticos desamortizados revirtieran a la Corona o, en su caso, a los pueblos afectados.
Al segundo tipo de procedimiento responde el “Pleito de Reversión” del pueblo de Córcoles contra el monasterio de Monsalud, al que pertenecía desde la Edad Media y con el que mantenía relaciones conflictivas. Se inició en 1752 y se alargó varios años llegando a la solución final de una reversión parcial. Privaba al monasterio de toda jurisdicción sobre el pueblo de Córcoles (dar leyes y aplicarlas, nombrar cargos públicos, tener carcel, etc.), pero se mantenía el señorio territorial o solariego, es decir, la propiedad de la tierra, la percepción de tributos, rentas en metálico o en especie, etc.
Es en esta situación en la que permanecieron Córcoles y Monsalud hasta bien entrado el año de 1835, año en que se suprimieron definitivamente los señorios, tanto jurisdiccionales como territoriales o solariegos, quedando sólo algunos mínimos restos de aquella institución feudal.
